En la justicia administrativa, los daños suelen atribuirse a hechos fortuitos. Sin embargo, cuando derivan de omisiones prolongadas o fallas estructurales de la autoridad, el análisis no puede limitarse a una lectura formal de la legalidad.

El Poder Judicial Federal ha sostenido que la legalidad ordinaria debe interpretarse en armonía con los mandatos constitucionales y convencionales, para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos en el caso concreto.

Desde la teoría del riesgo y el principio de igualdad frente a las cargas públicas, la responsabilidad patrimonial busca restablecer el equilibrio cuando una persona soporta un daño que no estaba jurídicamente obligada a asumir. Integrar esta figura con los derechos humanos no debilita al sistema jurídico, sino que lo fortalece.